Introducción
El Boletín Oficial del Estado publicó el 31 de julio de 2026, en su número 186, la Ley Orgánica 3/2026, de 29 de julio, de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia. La norma ocupa las páginas 107615 a 107617 y se encuadra en la Sección I de Disposiciones generales, bajo el Departamento de Jefatura del Estado.
Esta ley orgánica representa un hito relevante en la articulación territorial del Estado español, al establecer el marco jurídico que permitirá trasladar a la Comunidad Autónoma de Galicia tanto la titularidad de una infraestructura viaria de primer orden como las competencias sobre el régimen jurídico de su concesión.
La AP-9 como infraestructura de titularidad estatal
El preámbulo de la ley describe la AP-9 como una vía vertebral que conecta toda la franja atlántica gallega y cinco de las siete ciudades de Galicia, integrando la Red de Carreteras del Estado.
El fundamento de su titularidad estatal se encuentra en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, así como el régimen general de comunicaciones.
Por su parte, el artículo 27, apartado 8, del Estatuto de Autonomía de Galicia reserva a la Comunidad la competencia exclusiva sobre ferrocarriles y carreteras no incorporadas a la red del Estado cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio. Dado que la AP-9 forma parte de la red estatal, su titularidad correspondía hasta ahora al Estado.
Fundamento constitucional de la transferencia
La ley invoca el artículo 150.2 de la Constitución Española como habilitación expresa para que el Estado transfiera o delegue a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación.
El preámbulo también cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 65/1998, de 18 de marzo, para subrayar que la materia de carreteras es especialmente idónea para el establecimiento de fórmulas de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, dentro del mutuo respeto de las respectivas competencias.
La concurrencia de estos elementos —el trazado íntegramente gallego de la AP-9 y la habilitación del artículo 150.2 de la Constitución— es lo que, según el propio texto legal, permite articular jurídicamente esta transferencia.
Estructura y contenido de la ley orgánica
La norma se compone de dos artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final única.
El artículo primero establece que el objetivo de la ley es la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios asociados a dicha autopista. Para ello, impone a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Galicia la obligación de elevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta de Acuerdo que concrete las condiciones necesarias para llevar a cabo la transferencia. Dicho Acuerdo deberá ser aprobado mediante el correspondiente Real Decreto del Consejo de Ministros.
El artículo segundo fija las condiciones de efectividad del traspaso de los servicios, que han de contar con los medios materiales y presupuestarios necesarios.
La disposición adicional primera aclara expresamente que la ley no supondrá incremento alguno de los créditos ni minoración de los ingresos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor.
La disposición adicional segunda precisa que el traspaso no modifica las funciones y servicios reservados al Estado en lo que se refiere al control de las fronteras.
La disposición final única establece la fecha de entrada en vigor de la norma.
El papel de la Comisión Mixta de Transferencias
Un elemento central del diseño normativo es que la ley orgánica no ejecuta directamente la transferencia, sino que establece el marco general de la misma. La concreción efectiva de las condiciones de la transferencia queda diferida al Acuerdo que deberá alcanzar la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia.
Según el texto legal, dicho Acuerdo deberá determinar, entre otros aspectos, las condiciones necesarias para la transferencia de la titularidad, el régimen jurídico de la concesión, y las funciones y servicios correspondientes, respetando en todo caso los límites derivados de las obligaciones anteriores de la Administración General del Estado.
Este mecanismo de desarrollo bilateral es coherente con la naturaleza de las transferencias previstas en el artículo 150.2 de la Constitución, que requieren una articulación concreta entre las administraciones implicadas.
Garantías presupuestarias y reservas competenciales del Estado
La ley incorpora dos cautelas de especial relevancia institucional. La primera, de carácter presupuestario, garantiza que la operación no alterará el equilibrio de las cuentas públicas estatales, al no generar incremento de créditos ni minoración de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado vigentes.
La segunda cautela preserva las funciones y servicios que el Estado tiene reservados en materia de control de fronteras, de modo que el traspaso de la AP-9 no afectará a dichas competencias estatales indisponibles.
Ambas previsiones reflejan el principio de que la transferencia opera dentro de los límites constitucionales y no puede vaciar de contenido las competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado.
Conclusión
La Ley Orgánica 3/2026, de 29 de julio, constituye el instrumento normativo habilitante para la transferencia de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución Española. La norma no ejecuta directamente el traspaso, sino que encomienda su concreción a la Comisión Mixta de Transferencias, cuyo Acuerdo deberá ser aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros. La ley incorpora garantías expresas en materia presupuestaria y preserva las competencias estatales sobre control de fronteras, delimitando así el alcance de la transferencia dentro del marco constitucional y estatutario vigente.
Este artículo tiene finalidad educativa e informativa y no constituye asesoramiento jurídico.
Fuentes consultadas
Published by Synojus Internacional
Volver a publicaciones en español